El 27 de febrero de 1989, una gran protesta popular en contra
de las medidas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP),
que significaban mayor pobreza y miseria para el pueblo venezolano,
terminó cuando miles de hombres y mujeres fueron asesinados por la
represión militar y policial, enlutando a muchas familias.
Pero ese día fue sólo el detonante de una situación contenida.
A partir de 1970 los índices de pobreza en el país habían crecido de
manera alarmante. La fuerza laboral campesina se redujo al 10 por
ciento y en sólo tres años 600 mil personas emigraron a las ciudades.
Los trabajadores informales aumentaron de 34.4 por ciento en 1980 a
53 por ciento en 1989. La clase obrera industrial disminuyó ante la
privatización total o parcial de sectores como las telecomunicaciones,
los puertos, el petróleo, el aseo y las líneas aéreas.
El gigantesco endeudamiento con la banca internacional nos convertía en una sociedad de esclavos.
Fue así como en 1989, durante la segunda presidencia de CAP, se
anuncia al pueblo venezolano que se implementaría un programa de
medidas económicas neoliberales. Según las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El paquete, que incluía la privatización de empresas publicas,
eliminación de las subvenciones y protección del Estado a empresas
privadas y el fomento de la descentralización, también incluía el
aumento en el precio de los servicios básicos como la luz eléctrica y
la gasolina.
Por desesperación, el pueblo se lanzó a las calles para protestar
ante tales medidas y CAP, reunido en Consejo de Ministros, ordenó a la
Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios.
Igualmente, decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo
240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas
algunas garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
Al caer el ocaso del martes 28 comenzó el toque de queda más cruento de la historia de Venezuela.
La fosa común llamada LA PESTE fue el testigo y acusador de esta masacre inmensurable.
El Caracazo no sólo fue una respuesta a las medidas impuestas por el
FMI y acatadas por el gobierno de Pérez, sino también la expresión
popular que no tenía forma de canalizar su descontento ante la
corrupción generalizada y la crisis generada por los gobiernos de la IV
República.
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